Pamela Figueroa, presidenta del Servel.
La Segunda
El Servicio Electoral de Chile (Servel) entregó este miércoles su Cuenta Pública 2024, un acto que estuvo marcado por las dudas en las definiciones de las elecciones presidenciales y parlamentarias, a tan solo cinco meses de su realización.
La presidenta del Consejo Directivo de Servel, Pamela Figueroa, destacó los procesos electorales que se llevaron a cabo el año pasado a lo largo del país y mencionó que "este es un ejemplo claro de lo necesario que es para organismos técnicos, como lo es Servel, que las modificaciones legislativas se realicen con tiempo, considerando todos los aspectos necesarios".
"Hoy nos encontramos en una situación similar, en la que esperamos que la toma de decisiones en aspectos claves se realice prontamente, permitiéndonos contar con certezas necesarias para nuestra labor", agregó.
En ese sentido, la presidenta del Servel mencionó que "el año 2025 presenta una serie de desafíos clave, entre ellos la realización de elecciones presidenciales bajo un nuevo escenario: por primera vez con voto obligatorio en el contexto de inscripción automática. A esto se suman posibles cambios legislativos que podrían impactar directamente nuestra gestión, así como la necesidad de fortalecer los procesos de capacitación; el voto extranjero; y enfrentar de manera sistemática la desinformación electoral".
Más tarde, en un punto de prensa, Figueroa apuntó que "para nosotros lo más importante es que se tomen decisiones, se legislen estas materias en los tiempos necesarios para que el Servel pueda incorporarse si es que hay modificaciones en la organización del proceso electoral. Y eso lo hemos reafirmado y hemos estado disponibles para nuestro apoyo técnico que es nuestro rol como servicio autónomo (...) es muy importante que eso se pueda decidir prontamente".
Consultada sobre los plazos óptimos para definir las modificaciones legislativas, mencionó que son "lo antes posible. El padrón electoral se elabora con bastante anticipación. Hasta el 28 de junio las personas pueden cambiar de domicilio electoral. Por tanto, ese sería como el último hito. Y, por tanto, cualquier legislación que afectara al padrón tiene que ser antes de esa fecha. Y con respecto a las multas, lo antes posible también (...) es importante que la ciudadanía conozca con anticipación cuál va a ser la decisión del Congreso en ese sentido".
Asimismo, sobre las multas para quienes no emitan su voto cuando este sea obligatorio, destacó el en las últimas elecciones cerca del 85% de los electores concurrieron a las urnas y "ya las personas también han incorporado la obligación de votar, no solamente por la multa, sino también por un compromiso democrático. Es muy importante la multa, pero creemos que también es importante el compromiso de la ciudadanía para participar en el proceso electoral".
Tensiones en el Congreso
Las palabras de Figueroa no fueron al azar. Es que pese a los pocos meses que separan de los comicios, en el Congreso continúan las disputas entre el oficialismo y la oposición por las definiciones que podrían cambiar el desarrollo de las elecciones.
Dudas como los habilitados para sufragar, las multas para quienes no lo hagan pese al voto obligatorio, o la definición de escaños de los parlamentarios electos en caso de que se implemente un umbral de entrada a los partidos aún persisten, a tan solo cinco meses de los comicios.
Uno de los grandes proyectos que aún no se define es la reforma al Sistema Político, iniciativa impulsada por senadores del Partido Socialista (PS), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli que busca plantear un umbral de un 5% de los votos en las elecciones parlamentarias -partiendo por un 4% en las de noviembre- como requisito para que los partidos puedan ingresar con escaños a la Cámara de Diputados, además de contemplar el cese en el cargo de quien renuncie al partido al que fue electo.
A esto se suma que los senadores de Demócratas, RN y la UDI impulsaron la multa por no sufragar en comicios con voto obligatorio. Buscan que se sancione esta acción con una multa de entre 0,5 y 5 UTM (entre $34.324 y $343.240) y que la pena sea agravada en caso de reincidencia.
Ambas iniciativas se encuentran en primer trámite legislativo en la Cámara Alta, a la espera de ser votado en sala.
Desde el Congreso, parlamentarios coinciden con Figueroa en que los proyectos puedan "salir prontamente". En esa línea, afirman que se espera que durante el próximo mes de junio puedan clarificarse estas interrogantes, ya que en julio se entraría de lleno en ciclo electoral tras definirse la persona abanderada del oficialismo en las primarias del 29 de junio.
Destacados del Servel
Dentro de la Cuenta Pública del Servel, Figueroa también destacó el trabajo en las elecciones de junio, octubre y noviembre del año pasado: "Estos procesos movilizaron a más de 15 millones de electores, más de 18 mil candidaturas, y una estructura logística que operó en todo el territorio nacional. La habilitación de locales de votación, la preparación del material electoral y la coordinación con múltiples instituciones públicas permitieron el desarrollo fluido, ordenado y seguro de cada proceso".
Además, "más del 86% de las personas fue asignada al local de votación más cercano a su domicilio, en cumplimiento de la Ley 21.385. Esta mejora en la georreferenciación ha sido clave para facilitar el acceso al voto y evitar desplazamientos innecesarios", destacó Figueroa.
85%del padrón electoral participó en las elecciones de octubre, cuyo voto era obligatorio.
Asimismo, subrayó que las elecciones de octubre pasado "fueron las primeras en su tipo en contar con voto obligatorio en un marco de inscripción automática. De un padrón de 15.450.377 personas, un 85% votó en las elecciones regionales y municipales de octubre".
En la Cuenta Pública, la primera mujer que preside el servicio destacó los resultados en la verificación del cumplimiento del mandato de utilizar al menos un 10% del financiamiento público de los partidos políticos para el fomento de la participación de la mujer en política.
En esa línea, mencionó que "los partidos reportaron más de $774 millones destinados a actividades para mujeres. Sin embargo, $183 millones fueron rechazados, por no corresponder a gastos destinados a dicho propósito".
"Si un partido no cumple con el porcentaje mínimo exigido, se le descontará de sus aportes del año siguiente el monto faltante para alcanzar el mínimo requerido. Es por ello que, en 2024, ese descuento totalizó $117.262.684 pesos", detalló.
En cuanto a las acciones de control del financiamiento y auditoría de los ingresos y gastos electorales, Figueroa mencionó "generaron la apertura de 187 procedimientos administrativos sancionatorios, y se finalizaron 387".
En esa línea, "las sanciones aplicadas por el Servicio Electoral por los procedimientos concluidos durante 2024 ascendieron a más de 770 millones de pesos".
